La crisis migratoria ocasionada por los conflictos bélicos en Oriente Medio comienza a adquirir matices que posicionan, a diferentes países europeos, en opciones muy alejadas de valores como la solidaridad y la hospitalidad.

A la construcción de vallas, en Hungría, Eslovenia o Austria, parece que le van a seguir medidas restrictivas de carácter económico. Esta semana conocíamos la decisión del parlamento danés de promover una ley que obligue a confiscar los bienes, cuyo valor supere los 1.340€, el equivalente a 10.000 coronas. Una ley que será votada en los próximos días. La iniciativa danesa no es aislada, y dos días después, el gobierno suizo planteaba una ley similar. En esta ocasión los bienes confiscados serán los que tengan un valor superior a los 900€. En ambos casos se argumenta que dicho dinero es necesario para costear la integración de las personas solicitantes de asilo.

Estas leyes, todavía por ser votadas y aceptadas, son acompañadas por declaraciones cada vez más beligerantes de dirigentes europeos. En este sentido el Viceprimer Ministro checo, Andrej Babiš, aseguraba que su país «no está obligado a aceptar los cupos impuestos por la UE», y no sólo eso, si no que instaba a los países dispuestos a recibir refugiados, a fletar aviones desde Turquía, insinuando la posibilidad de cerrar las fronteras europeas, tal y como hicieran los representantes húngaros la semana pasada.

También esta semana conocíamos la detención de tres bomberos sevillanos, colaboradores de la ONG Proem-Aid, en Grecia acusados de tráfico de personas entre Turquía y la isla griega de Lesbos. Este domingo quedaban en libertad con cargos, estos voluntarios que el delito mayor que han podido cometer es el de arriesgar sus vidas por salvar las de miles que se la juegan en el mar Egeo.

Mientras tanto, la etapa continental de aquellos que ya han llegado a las costas griegas se adentra en la crudeza del invierno balcánico. Macedonia se veía cubierta de nieve en estos días. Así, tanto el clima político como el meteorológico parecen recrudecerse en su contra.

Países declarados por la ONU como «no seguros», como Macedonia; fuera de la Unión Europea (UE), como Serbia; o en clara desventaja económica con el resto de la UE como Grecia, se ven obligados a asumir el gasto y la gestión de una crisis migratoria a la que las instituciones europeas continúan sin poner solución, y lo que es peor, a cada paso adquiriendo posiciones cada vez más reaccionarias.

En este sentido manifestaba su preocupación Rados Djurovic, director del Centro para la Protección y Asistencia de los solicitantes en Serbia. Djurovic aseguraba que de proseguir las medidas restrictivas en la UE, y pese a disponer de un acuerdo de readmisión con Macedonia, muchos de los solicitantes de asilo tendrían que permanecer en Serbia, ya que ACNUR no reconoce Macedonia como un país seguro.

La situación es más complicada a cada día que pasa. Por eso, en AraInfo, tenemos el convencimiento de que un proyecto como ‘Ojos en los Balcanes’, es más que necesario, una obligación.